Vincular la deforestación con los habitantes de los bosques ha sido tan común como relacionarla con la pobreza, pero Ecuador cree que en el tema de la tala de árboles y sus consecuencias, el ser humano no es el problema sino la solución.
Así lo aseguró Max Lascano, director del proyecto Socio Bosque, impulsado por el Gobierno de Ecuador y que en la víspera de cumplir dos años ya ha asegurado la conservación de más de medio millón de hectáreas de bosque nativo por los próximos veinte años.
Conscientes de que lo punitivo no siempre funciona, Ecuador decidió imponer una ‘revolución’ en el tema y convertir en sus ‘socios’ a los propietarios de las tierras para evitar la deforestación, comentó Lascano en entrevista con Efe.
Así se han suscrito 631 convenios, que involucran a unas 60.000 personas, especialmente en la Amazonía y la zona costera, para que no talen los bosques nativos, a cambio de un incentivo de máximo 30 dólares por hectárea al año.
En el estudio de zonificación de las áreas más vulnerables, se analizó el nivel de amenaza a los bosques, la importancia de generación de servicios ambientales (biodiversidad, regulación hídrica, cambio climático, evitar dióxido de carbono) y la incidencia de pobreza, como indicador netamente social.
Entre las principales amenazas se detectaron al cambio de uso de suelo, actividades de monocultivo, las palmicultoras, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola.
El más pequeño de los socios, con 1,7 hectáreas, se sumó a la iniciativa más por su significado que por el valor económico, en tanto que el más grande, hasta ahora, la comunidad indígena de los záparos, destinó 89.000 hectáreas a la conservación y recibe unos 70.000 dólares anuales, que los invierte en desarrollo.